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QUE SE CUMPLA CON LA LEY 66-97 Y QUE NO SEA VIOLADA

Por Nelly Amador

 

Nuestra Ley de Educación 66-97 en los más de 20 años que tiene de promulgada, no ha sido aplicada en la mayoría de los contenidos de sus artículos, pero sí violada en otros, tal y como se presenta en este examen que hacemos a lo que hace algún tiempo publicamos en nuestra obra “La Educación Dominicana, un problema para resolver ahora”.

 

Consideramos relevante e importante que a más de 20 años de haber sido promulgada la Ley de Educación 66-97 que suplanta la Ley 29-09 de la época de Trujillo, revisar hasta dónde se ha cumplido ésta y a pesar de ya haber recibido una modificación mediante la Ley 451-08 que trata de forma específica los aspectos de las pensiones y jubilaciones para los docentes del sector oficial.

 

De acuerdo con ese examen, a esa evaluación y seguimiento al cumplimiento de nuestra Ley de Educación, veamos algunas de las fallas que hemos tenido en el sistema educativo y que se precisan en la obra citada.

 

Se violenta y no se cumple el artículo 16 que se refiere a los requisitos mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad, en cuanto a la relación del número de alumnos-profesor, las instalaciones docentes y deportivas y el número de puestos escolares.

 

De igual manera se viola nuestra Ley de Educación en cuanto al artículo 17 que expresa que en los centros docentes públicos o privados, no se podrá llevar a cabo, ni promover ningún tipo de actividad político-partidista. Sus funcionarios docentes o de cualquier tipo, no podrán ejercer el activismo político en los centros escolares y mucho menos involucrar a los alumnos en este tipo de actividades. Lamentablemente debemos recordar que este mal ha estado presente en nuestras escuelas desde 1996 hasta la fecha.

 

Se ha fallado en lo que refiere el capítulo V sobre las funciones de la comunidad, la familia y el sector privado, su integración al proceso educativo, donde también es notorio el partidismo, llegándose a confundir una directiva de la asociación de padres y madres con un comité político del partido gobernante.

 

También reprobamos este examen en lo relativo a las diferentes opciones educativas que den respuestas a los reales problemas de la población, especialmente desde la perspectiva técnico-profesional y de la cobertura para la educación inicial. Y se falla de igual manera en la gestión que debe garantizar una supervisión que sea de acompañamiento para mejorar la práctica educativa y elevar la calidad, tocando aspectos nodales de participación, de representación en los mecanismos de tomas de decisiones, entre otros.

 

No se ha cumplido con la puesta en vigencia del Tribunal de la Carrera Docente, teniendo como consecuencia privar al magisterio de la garantía en la disminución de la politiquería, injusticia y trafico de influencia en las soluciones de los conflictos que se presentan en sus entornos laborales.

 

Existen otros aspectos que examinaremos en otras reflexiones para continuar apoyando el proceso hacia la calidad, el empoderamiento de la clase magisterial y el trabajo que diariamente ejecutamos para el desarrollo social al que aspiramos. Creemos que nuestra Ley de Educación en estos 20 años de vigencia, requiere de su aplicación real, con mayor celeridad y sin las violaciones que se le infringe por intereses de sectores de poder. -

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