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Punta Catalina: la gran estafa pública contra el Estado

Por RAFAEL NINO FÉLIZ 

 

Si la justicia no actúa con justicia, le estaríamos poniendo fin a la propia democracia y los más afectados serían los gobiernos y los propios partidos políticos del sistema. Un error en el proceso que evidencie parcialidad o privilegio para individuos y empresas crearía un vacío de credibilidad inevitable.

Punta Catalina, como el más grande hecho de corrupción en el país, y quizás en el mundo, es soborno y mafia legal desde el propio Estado dominicano y no tiene comparación alguna. Aunque la empresa Odebrecht ha sido acusada en el mundo entero, las acciones judiciales se corresponden, en cada caso, con el nivel de independencia de la justicia de cada nación y la medida o tamaño del respeto de los propios estados hacia sus ciudadanos. Por supuesto que es necesario apuntar también al desarrollo de las fuerzas cívicas de cada país y sus respectivas sociedades.

El proceso judicial que se lleva a cabo contra la altamente mafiosa compañía Odebrecht apunta, en Punta Catalina, hacia una sola dirección o salida: dividir la corrupción en el país entre el pasado y el presente. Esta ineludible separación temporal no sólo será legal, sino que habrá de tener, necesariamente, consecuencias éticas, morales, cívicas, económicas, sociales y políticas, que impactarán en la conciencia nacional. No hay otra salida. El impacto sobre este último aspecto -el político- será determinante en el presente siglo: cambiamos la política o la política nos cambia a todos. La República Dominicana se enfrenta hoy a este gran dilema.

Al producir el país un cambio sustancial en la sociedad dominicana en los aspectos de conciencia ciudadana y actitudes cívicas, encabezado por un poderoso movimiento juvenil con alta experiencia en las luchas sociales a través de los movimientos de protesta a favor y en defensa de Los Haitises, Loma Miranda, el 4%, la Marcha Verde, también la lucha contra el Rockash; La Isla Artificial; y el más reciente, el de la Plaza de La Bandera, la política inició un cambio irreversible conducente a su propia e inevitable transformación y el de la sociedad bajo la democracia. El pueblo se ha convertido en una fuerza social con poder político capaz de someter al orden a los partidos y a los gobiernos, pero siempre en procura de la paz social y utilizando métodos democráticos. Eso le da mayor legitimidad social y poder político.

La justicia dominicana tiene, por primera vez, la más grande responsabilidad histórica de conducir el proceso judicial más delicado del siglo, no sólo por su complejidad jurídica e instrumentación, sino por el carácter de transparencia con que se conduzca, tanto en el debido proceso de los múltiples casos, así como en el involucramiento de los individuos y las entidades ligadas directamente o indirectamente a los escándalos de corrupción realizados, principalmente, en todos los gobiernos del PLD. Aunque no solamente. Es necesario remover todos los casos de robo de fondos públicos. Hay que promover y premiar las denuncias.

Si la justicia no actúa con justicia, le estaríamos poniendo fin a la propia democracia y los más afectados serían los gobiernos y los propios partidos políticos del sistema. Un error en el proceso que evidencie parcialidad o privilegio para individuos y empresas crearía un vacío de credibilidad inevitable. Y en este sentido, nadie estaría seguro. Es la hora de hacer las cosas con justicia, como se debe y demandan los tiempos. Un acto bochornoso combatido desde las redes, hoy te paralizaría el país en un segundo. Es necesario olvidar y abandonar los trucos jurídicos, políticos y mediáticos. Lo que está en juego es la democracia!

 

 

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